LAMENTABLE DESTINO DE LA CHEC

 

Octavio Hernández Jiménez

 

       Empresas Públicas de Cali (Emcali) presta los servicios de energía, acueducto y alcantarillado a la capital del Valle del Cauca. Por administraciones incompetentes, como con la Chec, sus deudas fueron acumulándose hasta cuando, en agosto de 2003, sumaban 3,8 billones de pesos (3.808,561 millones). Veinte veces más que el dinero por el que se vendió la Chec.  A principios de 2003, el Presidente de la república viajó a Cali y después de un día entero de agotadoras gestiones, de insultos e improperios a su persona, como si estuviera sumergido en el foso de los leones, no pudieron arreglar el problemón. Luego, en el Palacio de Nariño vigilados por los medios de comunicación y una aglomeración creciente en Cali, el 23 de septiembre de 2003, llegaron al acuerdo de no liquidar a Emcali, buscando acuerdos con los acreedores. El entuerto le costó a la nación 700.000 millones de pesos, sin que el país tuviera que ver con ese descalabro caleño suma que recuperaría, si era que la podía recuperar y no seguían los malos manejos por parte de nuestros queridos vecinos, 18 años después. La presión social de los caleños que realizaron marchas, pedreas universitarias, bloqueos a edificios, paros amenazantes y protestas en todos los sitios estratégicos de la ciudad y los medios de comunicación nacional impidieron que el gobierno central vendiera a particulares la empresa considerada, a pesar de las calaveradas de sus administraciones y sindicato, patrimonio de los caleños.

 

       Cuando se reveló el déficit relativamente bajo de la Chec y se conocieron los amagos del Gobierno central para feriarla, sin cancelar a esa energética previamente lo que ese mismo gobierno central le debía, se supo que  el alcalde de Manizales, Germán Cardona y el gobernador de Caldas, Luis Alfonso Arias, estaban identificados en el propósito de la venta. “La Chec fue feriada bajo el silencio cómplice de gobernantes, Corporación Cívica, gremios, políticos y asociaciones sindicales” (Jorge Enrique Pava Q., 16 de diciembre de 2011, p.5b). Con ese apoyo abierto y estratégico, el Gobierno central autorizó sin remordimiento la venta del patrimonio que dejaron los mayores a los caldenses. Algo peor: los ciudadanos caldenses y manizaleños no protestaron con suficiente entereza para detener la venta a menosprecio. Facilitó el negocio que el Presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, era antioqueño y el grupo interesado en adquirir el mayor porcentaje de las acciones de la Chec era Empresas Públicas de Medellín (EPM), su tierra natal. “Claro que, como se planteó en su momento, si el Gobierno Nacional hubiese pagado los subsidios adeudados, y si la empresa pudiese haber aplicado el atractivo ajuste tarifario que se dio inmediatamente para capitalizarla, seguramente no se habría perdido para la región y para la Nación. También es cierto que (los políticos que se habían apoderado de la Chec) la olla la rasparon, el negocio fue destruido, se comieron el queso y salieron corriendo con el botín” (Bruno Seidel A., 15 de junio de 2018, p.18).

 

        EPM le coqueteó y se quedó con la empresa en que había puesto sus complacencias.  Evaluadores internacionales, en 2002, habían tasado  la Chec en un mil doscientos millones de pesos (dólar a 2.670 pesos en ese entonces), pero  la Junta directiva, por motivos inescrutables pero imaginables, la tiró a la jura.  EPM, ¡qué extraño!,  giró  a la Junta un mendrugo de miserables 172 mil millones por nuestra empresa insignia y la Junta de esta festejó, en el Club Manizales, su portentosa hazaña en contra de quienes, un día no lejano, habían votado por ellos convencidos de su pulcritud como dirigentes. Tres años después, en 2005, para los avispados dueños, no el valor de lo que compraron sino las ganancias que les reportó fueron exageradamente altas: 37 mil 857 millones de pesos. A finales de marzo de 2007 pudimos informarnos por el periódico local de que “la Asamblea de accionistas aprobó ayer la repartición por $56.467 millones, luego de registrar utilidades netas por 62 mil 827 millones de pesos durante el 2006, lo que se convirtió en una cifra histórica” (Juan Carlos Layton, “Chec bate récord en distribución de dividendos”, 30 de marzo de 2007, p. 13a). Semejantes utilidades pudieron haber sido para todos los caldenses incluidos los manizaleños. Por las escasas acciones que aún conservaban, de ese monto les tocaron los siguientes mendrugos: “A Caldas, contando las acciones de Inficaldas (7,62 por ciento), le correspondió un total de 4 mil 307 millones de pesos. Entre tanto Manizales, a través de Infimanizales (1,62 por ciento) recibió 916 millones de pesos” (Ibid). (dólar a 2.170 pesos).

 

       El silencio de manizaleños y caldenses contrastaba con la diligencia activa, puño en alto, de los vallunos encabezados por el alcalde y el gobernador de esa región. Cuarenta sindicalistas de la Chec por la carrera 22 de Manizales, a las seis de la tarde, producían lástima cuando lo que se buscaba al convocar a la ciudadanía a protestar en público era que, por la concurrencia y los gestos simbólicos, se lograra infundir respeto y temor en quienes se reían del pueblo desde las ventanas del poder.  

 

       El despojo patrimonial de los caldenses quedó consumado cuando, el 9 de octubre de 2003, en el Club Manizales, se llevó a cabo la reunión para nombramiento de la junta directiva de la nueva CHEC.

 

       “Los tres miembros principales que pondrán las Empresas Públicas de Medellín (EPM), en la  junta de la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), les da la confianza a los inversionistas antioqueños de que tendrán el manejo de la empresa... La constitución de este grupo está basada en la nueva composición accionaria de la empresa: el 56 por ciento de EPM, el 27,5 por ciento de la Nación, el 10,2 de Caldas, el 3,96 de los Comités de Cafeteros de Caldas, Quindío y Risaralda y el 2,3 por ciento de los municipios de Caldas” (El Tiempo, 10 de octubre de 2003.p.1Café).

 

       A partir de entonces, la Chec debería haberse llamado CHEM (Central Hidroeléctrica de Medellín). Esta venta se convirtió en el negocio del siglo para sus nuevos dueños, por varios motivos: los caldenses, no solo los manizaleños, seguimos pagando impuestos para que otras dependencias del Gobierno Nacional y departamental continuaran reforestando las cuencas de ríos y quebradas que producen agua abundante para que la Chec se enriquezca más. Fuera de esto, el personal de altos salarios, en gran parte, llegaba temporalmente de Medellín. El personal nativo era por concurso, con demasiadas exigencias a personal y usuarios, además de precios demasiados altos por el servicio. Mientras, en 2007, en Cali un kilovatio hora costaba 220 pesos, en Bogotá 230, en Bucaramanga 270 pesos, en Manizales costaba la bobadita de 310 pesos (como referente, un dólar valía 2000 pesos). Nos convertimos en víctimas de la segunda colonización antioqueña.

 

       En la primera semana de agosto de 2008, el gobernador de Caldas, en ese entonces, Mario Aristizábal Muñoz, y el alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano, que estaban muy de pipí cogido, dirigieron una carta al Alcalde de la capital paisa, Alonso Salazar, nacido en un municipio del oriente caldense, en la que ofrecían comprar el 56 por ciento de las acciones que las  Empresas Públicas de Medellín (EPM) tenían en la CHEC, para que volvieran a quedar de Caldas, como estaban antes.  “Si la Nación estima el 27,53 por ciento (de las acciones que aún tiene en la CHEC) en cerca de 261 mil 875 millones de pesos, por medio de una simple regla de tres se diría que la participación de EPM rondaría por los 533 mil millones de pesos. A eso se suma la plata que habría que sacar por las acciones de la Nación, pues Manizales y Caldas han reiterado que también quieren las acciones del Gobierno central, por lo que habría que meter a las cuentas otros 261 mil millones de pesos. Esto porque, aunque la Nación prometió devolver esa plata a la región para vías y Aerocafé, finalmente es dinero que deberá salir del bolsillo de la región” (Juan Carlos Layton, 8 de agosto de 2008, p.3b). Estas cuentas partían del punto de vista de los precios del Gobierno central. (Un dólar, a la fecha, costaba 1.780 pesos). ¿Cuáles serían las cuentas de EPM que no manifestó interés alguno en vender? ¿Tocaría comprar a precios astronómicos lo que Germán Cardona, el alcalde de turno, y Luis Alfonso Arias, el Gobernador de entonces, con otros miembros de la Junta feriaron a precios de piñata? Fuimos despojados de la herencia de nuestros mayores por un plato de lentejas, por una cantidad irrisoria que provocó risa y rabia.

 

       El 15 de octubre de 2008, en la secretaría jurídica del Ministerio de Hacienda a cargo de Óscar Iván Zuluaga, nacido en Pensilvania (Caldas), empezaron a redactar las cartas dirigidas al departamento de Caldas y Alcaldía de Manizales para informar que ese Ministerio los había escogido para venderles las acciones que la Nación tenía en la CHEC. “En la nueva adquisición, el departamento de Caldas fue el mayor ganador, pues pasó de una tajada del 10,28 por ciento a un total del 16,87 por ciento, incluyendo las acciones que tiene Inficaldas y el Departamento. Esto le representará a la región un desembolso cercano a los 63 mil millones de pesos por las nuevas acciones. El municipio de Manizales e Infimanizales también aumentan su participación, pues pasan del 1,62 por ciento que tenían a un total del 2,66 por ciento, para lo cual deberán destinar alrededor de 10 mil millones de pesos. EPM quedó con el mismo 75,88 por ciento” (Juan Carlos Layton, 16 de octubre de 2008, p.13a). (Un dólar costaba 2,200 pesos).  Seguía extraviado ese 57 por ciento del valor de la Chec que Caldas y Manizales, por medio de sus dirigentes, en forma irresponsable, vendieron a EPM. Un dolor sin sosiego para los caldenses. Como el título del poemario de Miguel Hernández (1936),  “el rayo que no cesa”.   En 2008, la Nación vendió sus acciones en la Central Hidroeléctrica equivalentes al 27,53 por ciento y la Federación Nacional de Cafeteros vendió el 3,96 por ciento.  Caldas y Manizales compraron el 20% de las acciones de la nación y el 80% restante quedaron en manos de EPM. El pez grande sigue devorando al chico.

 

       En mayo de 2009, la nación optó por entregar 120 mil millones de pesos por la venta de las acciones de la CHEC, para destinarlos a la construcción de Aerocafé. El presidente de la república, A. Uribe Vélez, le dio a esta entrega, de lo que era propiedad incuestionable de los caldenses, el carácter de un auxilio de la nación. Un regalo que al obsecuente donante le costó nada. Al mismo tiempo se incluyó el proyecto del aeropuerto en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), elevado a la categoría de obra estratégica nacional. Antes los recursos habían sido aprobados por el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis). Ahora se elevaba la categoría de la terminal aérea y se concretaba la entrega de unas vigencias futuras que prometió el Gobierno Nacional (Juan Carlos Layton, 12 de mayo de 2009, p.15a).

 

       La empresa antioqueña propietaria de la Chec sabía que a los manizaleños se les podía chupar más sangre que al resto de clientes, y sin dolor. A finales de mayo de 2011, el Consejo de Estado anuló el contrato de gratuidad de energía para el alumbrado público de Manizales que regía desde hacía 51 años (1960). Y para poner en práctica lo fallado, el gerente de la Chec, el manizaleño (sic) Bruno Seidel Arango, envió una carta al Alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano, en la que le expresaba que “el municipio deberá suscribir un contrato con un comercializador de energía a través de un proceso que garantice la libre concurrencia de oferentes, con el fin de adquirir la energía necesaria para prestar dicho servicio” (Juan Carlos Leyton, 4 de junio de 2011, p.8a). Cuando los manizaleños esperaban facturas de energía más costosas para cubrir el costo del alumbrado público que les empezaban a cobrar,  no recordaban quiénes habían sido los héroes de la venta de la Chec a los antioqueños pues tomaban esa evocación como la expresión de un resentimiento inútil.

 

       No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. “Después de 51 años sin pagar alumbrado público, la Chec le pasó la primera cuenta de cobro al municipio de Manizales. Ayer se imprimió la primera factura correspondiente a los meses de junio y julio por un valor de 1.412 millones de pesos” (La Patria, 20 de agosto de 2011, p. 1a). Pero eso no se queda así; eso se hincha. La deuda retroactiva y total del municipio de Manizales con la CHEC, por concepto de alumbrado público, ascendía a la astronómica cifra de 54.357.145.920 pesos (un dólar costaba 1.800 pesos y un euro costaba 2540 pesos). Con ese dinero se podía construir otro cable como el de la carrera 23 al Terminal del Transporte y sobrarían varios miles de millones de pesos. Mea culpa, mea culpa, mea gravíssima culpa.

 

       Con los caldenses no puede haber negocio sin que ellos salgan a ofrecer ñapa. En septiembre de 2012, Termodorada quedó en manos de EPM. Claro que el gerente de la energética con asiento en Caldas (B. Seidel Arango) trató de dorar la píldora diciendo que “en manos de la CHEC”. Se envolvió todo entre pases raros y gasas, como a un herido. Debido al Fenómeno del Niño de 1992 que produjo un agudo apagón en todo el país,  Termodorada firmó, en 1995, con la CHEC un compromiso de compraventa de energía alternativa equivalente a 800 mil dólares mensuales, casi 10 millones de dólares al año, con la condición de que al cabo de 15 años la planta térmica quedaría en manos de la CHEC. Llegó ese día. Así se cerraba un pésimo negocio pues la CHEC ya no pertenecía a los caldenses. Las ganancias de Termodorada empezaban a ser percibidas por la CHEC, en otras palabras por las Empresas Públicas de Medellín (EPM). El municipio de La Dorada, como el resto del departamento de Caldas, ya contaba con un recurso menos de donde ver ganancias. Sus ingresos habían sido feriados para engreimiento de los mandatarios de turno.

 

       Los antioqueños se ufanaban hasta el hostigamiento con la  empresa energética HidroItuango, perteneciente a EPM, que entraría en funcionamiento en el segundo semestre de 2018. Sacaban pecho aclarándole a todo el mundo que se trataba de la central hidroeléctrica más grande de Latinoamérica. Ohhhh. Como si se tratara de otro metro de Medellín que pagamos, en gran parte, los colombianos con los impuestos recogidos por el ministerio de Hacienda. Habían acelerado la conclusión de la represa con tal que les tocara escuchar los clarines  a la administración nacional y regional del momento.

 

       El 20 de mayo de 2018, empezó a caer, en Ituango, el castillo de naipes, por motivos que nadie tenía claros. Los ingenieros habían taponado dos túneles por los que corrían las aguas encañonadas del río Cauca; construyeron otro en el que se desfondaron las rocas que había encima de él; para que las aguas enfurecidas pudieran salir, tuvieron que permitir el paso de ellas por la casa de máquinas que es el cerebro y el corazón de una presa hidroeléctrica, su sancta sanctorum, arrasando con la maquinaria que esperaba empezar a funcionar; el muro gigantesco de la presa, de 410 metros de altura sobre el nivel del mar, no estaba concluido y a marchas forzadas 2.000 obreros trataban de ganarle la carrera al agua del río que incontenible hacía subir el nivel del embalse. Las autoridades mandaron a desalojar las poblaciones que estaban a la orilla del río Cauca, abajo del embalse, antes de que el caudal las arrastrara; 12.000 habitantes fueron forzados a buscar sitios altos para armar los refugios a cargo de EPM… La junta directivas de EPM dirigió una carta al presidente de la república solicitándole apoyo ya que él dirigía la nave del Estado; el presidente Santos les calló la súplica con un regaño recordándoles que esa era una empresa de EPM. Cuando ya se habían alcanzado los 410 metros de altura del muro, se desprendieron unos derrumbes en la montaña y los túneles taponados empezaron a brotar agua. Nuevamente alarma roja y, más abajo de la obra, en territorio de los departamentos de Córdoba, Sucre y  Bolívar, los gobernadores exigían a la junta directiva de EPM que se interesara por los pueblos que quedaban abajo de Antioquia pues, de llegar a explotar la represa, el agua causaría indecibles estragos en esas poblaciones al quedar sumergidas en la planicie inmensa y en la depresión momposina. En medio de los nervios que lo embargaban, el gobernador de Bolívar gritó que eso pasaba por haber permitido que los antioqueños se comportaran  como propietarios del río Cauca. Como si fuera poco, el gobernador de Antioquia declaró en la radio que a él, la junta de EPM no le había contado muchos asuntos que esa junta mantenía guardados. Llegó una comisión de la ONU y pusos los dedos sobre las llagas. El 29 de mayo, en reunión de la Junta directiva, “EPM pasó del plan de compras a explorar ventas por $ 3 billones de pesos” (un dólar costaba 2.880 pesos) (El Tiempo, 30 de mayo de 2018, p.1.9). Como para tener un colchón de amortiguamiento en asuntos de reservas económicas. En Manizales, varias personas con memoria, comenzaron a murmurar, en la calle, no en los medios de comunicación, de que el Gobernador y la Asamblea de Caldas  deberían buscar la posibilidad de volver a adquirirla.

 

       No estábamos tan desenfocados. Muchos caldenses no esperaba una idea luminosa a favor de la región de Bruno Seidel Arango, alto gerente de Pacífico 3 y antes gerente de la Licorera y la Chec. Uno tenía un concepto muy descarnado de él y sus propuestas más debatidas eran hechas con intenciones poco claras, según los corrillos de café. A unas dos semanas de la crisis en Hidroituango y siendo él el gerente de ese macroproyecto que uniría a Medellín con Buenaventura (Pacífico 3) publicó en La Patria un texto con el título de “Mi Chec, ya es justo que vuelva” que concluía de esta forma: “Me atreví a manifestarle al Sr. Gobernador (Guido Echeverri P.) lo siguiente: Actualmente EPM está atravesando un duro momento y fruto de esta coyuntura ha decidido vender activos hasta por tres billones de pesos. No se trata de “al caído, caerle”. EPM requiere recursos frescos y allí se presenta una oportunidad única. El 80% de la Chec, que es lo que no tenemos, seguramente tiene un valor asequible para la región… Gobernador: Hoy el panorama es claro para que entregue un departamento con futuro, la recompra de la Chec, junto con Miel II, que con tanta visión fue recomprado por usted y que hoy vale su peso en oro, con una Licorera revivida de las cenizas, generando utilidades, con un proyecto de Aeropuerto regional estudiado con técnica y de manera juiciosa, tiene en sus manos una oportunidad histórica para recuperar recursos para la sostenibilidad y que garanticen un camino de prosperidad” (Bruno Seidel Arango, 15 de junio de 2018, p.18). Cuando menos lo pensaba, en esta ocasión, aplaudo la idea y a su autor. A todo señor, todo don.  

 

 

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